Según las estimaciones del reporte de ONUSIDA del 2006, México tiene una prevalencia de 0.3% (0.2-0.7%) en población adulta, con 180,000 (99,000-440,000) personas viviendo con VIH/SIDA en 2005. Nuestra epidemia se concentra en poblaciones de hombres que tienen sexo con otros hombres, trabajadores sexuales y usuarios de drogas intravenosas.
Durante el sexenio pasado se anunció que todo paciente infectado que requiriera de tratamiento y que no tuviera ningún otro tipo de seguro, se volvería candidato para ingresar al Seguro Popular en Salud; un paso importante hacia el acceso universal a tratamiento antirretroviral en México.

Dentro de este contexto se encuentra el debate sobre el aumento del tamizaje en la población que atiende a los servicios de salud con el objetivo de hacer un diagnóstico oportuno de la enfermedad y ofrecer el tratamiento necesario antes del desarrollo de sintomatología.
Es importante recordar que la infección por VIH es consistente con todos los criterios que justifican su tamizaje: 1. La infección por VIH es una enfermedad grave que puede ser diagnosticada antes del inicio de los síntomas; 2. El VIH puede ser detectado por métodos confiables, baratos y no invasivos; 3. Los pacientes infectados tienen un enorme beneficio en años de vida si el tratamiento es iniciado a tiempo, antes del desarrollo de síntomas; 3. Los costos del tamizaje son razonables en relación con el beneficio anticipado; 4. Dentro de la población de mujeres embarazadas, el tamizaje ha demostrado ser más efectivo que la realización de la/una prueba basada en la estimación de riesgo para la detección de infección materna no sospechada.

¿Tú crees que en México la prueba de VIH se deba ofrecer a todo paciente que sea captado por los servicios de salud independientemente de su riesgo?

Hace cerca de un mes se llevó a cabo en la Ciudad de México una reunión organizada por la AIDS Healthcare Foundation, con el objetivo de lanzar una campaña para criticar la forma como las compañias farmacéuticas establecen los precios de los medicamentos antiretrovirales. Más específicamente, la campaña llama a BMS y MSD a reducir los precios de los medicamentos ARV en México y países de ingresos medios.

El debate tiene que ver con la diferenciación de precios que parece estarse estableciendo ya en el mercado. Hace algunos años, la presión tenía que ver con la sentencia de muerte que significaba para los países de ingresos bajos el tener que hacer frente a los mismos precios que los países desarrollados, en situaciones en las cuales la epidemia era mucho mayor. Es decir, exigir a países como Malawi con una prevalencia de VIH de entre 12% y 17% (http://www.synergyaids.com/documents/MAL_AIDS.pdf), y un producto interno per capita de apenas 600 dólares, a pagar lo mismo por los medicamentos que a países más desarrolados. México, con una prevalencia de 0.3%, tiene un producto interno per capita de alrededor de 9 mil dólares.

El argumento que se hizo antes es que incluso en términos económicos para las compañías era más conveniente ajustar los precios a los mercados nacionales, es decir, establecer el precio que cada país puede pagar. No es solo que esto permite a las empresas obtener mayores ganancias, porque de esta forma sus ventas son mayores, pero también parece un sistema más justo: cada uno paga de acuerdo a sus posibilidades.

Argumentar en este momento que los países de ingresos medios deberían pagar lo mismo que los países de ingresos bajos parece contradictorio. Parecería que es razonable pensar que los que menos tienen deben pagar menos. Seguramente en países como México se pueden negociar mejores precios con otras estrategias, a partir, por ejemplo,  del volumen de compra, y las compras consolidadas, tomando en cuenta que la mayor parte de los pacientes en México reciben tratamiento ya sea por parte de la seguridad social o del Seguro Popular.